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 ESPAÑA
Las menores que se lleven mal con sus padres podrán abortar sin consultarles
Los 'populares' mantienen que esa excepción acabará convirtiéndose «en un coladero»
AGUSTÍN YANEL

Madrid

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Las jóvenes de 16 y 17 años que quieran abortar tendrán que informar al menos a su padre o a su madre, a su representante legal o a su tutor, excepto en un supuesto que recogerá la Ley del Aborto: cuando aleguen «fundadamente» que comunicar esa decisión provocará un «peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos».

La diputada del PSOE Carmen Montón explicó que, en el caso de las jóvenes de 16 y 17 años que puedan sufrir violencia o amenazas por parte de sus padres si les dicen que desean abortar, bastará con que comuniquen verbalmente al médico que su decisión de interrumpir el embarazo puede acarrearles esas consecuencias y no será necesario informar a nadie más.

Desde el PP, la diputada Susana Moneo indicó que esas excepciones se van a convertir en «un coladero para que las menores puedan abortar sin el conocimiento de sus padres».

La Comisión de Igualdad del Congreso aprobó el informe que va a debatir la próxima semana el Pleno, después de haber incorporado un buen número de modificaciones a propuesta de siete partidos políticos del Congreso. Únicamente el Partido Popular votó en contra, mientras CiU se abstuvo porque sus 10 diputados tienen libertad de voto en estos temas: los democristianos de Unió Democrática son contrarios a esta ley y en Convergència Democrática hay distintas posiciones.

Los portavoces de todos los grupos, excepto del PP, indicaron que el proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo -que así se denomina- que elaboró el Gobierno ha sido muy mejorado con enmiendas que el PSOE ha negociado y, en muchos casos, aceptado o transaccionado con ellos. Eso permitió que votaran a favor, aunque quedan pendientes de ser debatidas en el Pleno de la semana próxima las que no han aceptado los socialistas.

Entre las novedades incluidas en el proyecto de ley, que no estaban en el texto del Gobierno, figuran -además de la referida a las jóvenes de 16 y 17 años-, una limitación de la objeción de conciencia -sólo podrán negarse a interrumpir un embarazo el médico y el personal ayudante que intervenga directamente-; la educación sexual en todos los niveles de la enseñanza; la garantía de que los abortos se podrán practicar en centros médicos públicos, y que los anticonceptivos llamados «de última generación» serán dispensados por el Servicio Nacional de Salud con receta médica, financiados en parte por el Estado como cualquier medicamento. ERC e IU-ICV piden que se estudie la posibilidad de que sean gratis para algunos colectivos, como podrían ser jóvenes o mujeres sin recursos económicos, en algunos casos.

Sandra Moneo, del PP, denunció «las ocultas intenciones del Gobierno socialista que, bajo esa inocente y, en teoría, loable defensa de la salud y los derechos de la mujer, esconde una de las más radicales apuestas por la imposición del aborto libre en toda España».

Anunció que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional, porque «pocas leyes van a suponer un atropello tan brutal a la Constitución Española».

Varios portavoces se mostraron contrarios a la postura del PP. Frente a la acusación de los populares de que esta ley va a ser aprobada sin consenso, la socialista Carmen Montón recordó que han trabajado en ella durante más de un año, han escuchado la opinión de numerosos expertos, se han reunido con asociaciones y colectivos ciudadanos y, finalmente, ahora han conseguido «la mejor ley que hemos sido capaces de hacer».


Las novedades de la futura ley

>El sistema educativo contemplará la formación sexual y reproductiva «como parte del desarrollo integral de la personalidad». Se tendrán en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables, «como las personas discapacitadas».

> Entre los 16 y 17 años, la decisión de abortar corresponde a la mujer, que deberá comunicarlo al padre, madre o tutor, salvo que hacerlo provoque un «peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos», en cuyo caso no deberá informar.

>El Estado vigilará para que se garantice la igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios sanitarios.

>Hasta las 22 semanas de gestación se podrá abortar cuando exista grave peligro para la madre y lo acredite un médico especialista.

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