México ha sido condenado por los asesinatos de ocho mujeres en Ciudad Juárez. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (no admite recurso) estima culpable al Estado por «la falta de una investigación adecuada», según ha sabido EL MUNDO.

La sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano es la primera que se dicta sobre los crímenes que se vienen cometiendo desde hace casi 10 años en este municipio situado en la frontera con EEUU. Las decisiones de este tribunal, hermano americano del de La Haya, no admiten recurso. El fallo culpa a México, según pudo saber EL MUNDO, por «negar el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas, por negligencia en la investigación y por no prevenir las muertes a pesar de la existencia de un patrón claro de violencia de género».

El caso que ha juzgado este tribunal y que ha defendido el abogado español Emilio Ginés, en colaboración con letrados mexicanos, sucedió entre el 6 y el 7 de noviembre de 2001. Aquella madrugada fueron encontrados los cuerpos en avanzado estado de descomposición de ocho mujeres en un descampado conocido como Campo Algodonero. Los cadáveres habían sido arrojados en días consecutivos en el solar, situado frente al sindicato de maquiladoras.

Nadie en Ciudad Juárez quiere juzgar o investigar las muertes de mujeres. El miedo atenaza de tal modo que la Corte se desplazó hasta Santiago de Chile (la ciudad americana más alejada de México) por motivos de seguridad. En el juicio, celebrado el 27 de abril, los abogados solicitaron que se declarara «la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación del derecho de la vida, derecho de la integridad de la persona y derecho de las garantías judiciales». Además, se exigió al Estado «que investigue los asesinatos de las víctimas, que destituya a los funcionarios que en 2001 y subsiguientes permitieron y realizaron las violaciones señaladas». Y «que se investiguen las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que se dignifique la memoria de las víctimas».

En marzo de 2002 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Pero sólo tres de las ocho madres pudieron presentarse porque el resto de cadáveres nunca pudieron ser identificados. Cinco años más tarde, la Comisión remitió el caso a la Corte Interamericana para que fuera juzgado. Es el primer caso de feminicidio que este tribunal admite a trámite. Y es que han sido tantas las mujeres asesinadas, que se ha tenido que inventar un término para referirse a la situación: feminicidio.

Todo comenzó en 1993, cuando varias trabajadoras de las maquilas (fábricas textiles) desaparecieron. A partir de ese momento, los secuestros, torturas, violaciones, mutilaciones y asesinatos en los que la víctima tenía nombre de mujer ya no se detuvieron. Hoy se cuentan más de 500 muertas y más de 600 desaparecidas.

Rendida al narcotráfico, Ciudad Juárez se ha convertido en el escenario perfecto para que los delincuentes de todo tipo campen a sus anchas. Es una de las ciudades más peligrosas del mundo (en 2009 ha sido el municipio en el que más asesinatos se han registrado, contando 130 muertes violentas por cada 100.000 habitantes) y los clanes del narco la han convertido en su sede social.

Es precisamente esta situación la que favorece que una mujer joven y sin recursos sea el blanco más vulnerable. La vida de una de estas trabajadoras llegadas de todos los rincones del país vale menos que un cigarrillo o que un sorbo de tequila. Hasta ahora sólo eran retales de vida humana que se descosían sin impunidad. Lo dicho, hasta ahora.