SI UNA IMAGEN vale en ocasiones más que mil palabras, eso sucede con la fotografía que publicamos hoy en nuestra portada en la que se puede ver a los nueve magistrados ataviados con sus togas del nuevo Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña escuchando al presidente de la Generalitat, José Montilla. La inconografía del acto no deja lugar a dudas acerca del propósito: un presidente catalán, un alto tribunal catalán y una bandera catalana. Es decir, todos los símbolos propios de una nación, tal y como el Estatuto recurrido ante el Tribunal Constitucional define a Cataluña. En pleno debate sobre la sentencia, y en vísperas según parece de un fallo definitivo, el Gobierno catalán vuelve a desafiar al Estado creando su propio tribunal constitucional, que eso y no otra cosa es este consejo. Su cometido es determinar autónomamente si las leyes catalanas se ajustan al Estatut y a la Constitución, además de arrogarse la última palabra en los recursos sobre los conflictos de competencias que puedan plantearse ante el Constitucional.
Como ya sucediera con la Ley de Educación, Cataluña vuelve a independizarse de las instituciones del Estado desarrollando el contenido de un Estatuto sin esperar, en un lógico ejercicio de prudencia, a que el Constitucional dicte sentencia. Podría suceder -debería suceder- que dentro de unos días, o de unos meses, el Alto Tribunal declarara contrario a la Constitución el órgano que ayer se constituyó en el propio Palau de la Generalitat con la pompa y el boato correspondientes.
Tampoco el discurso de Montilla dejó lugar a dudas acerca de las intenciones del Gobierno tripartito que preside: «No renunciaremos a defender ni a alcanzar ninguno de los objetivos del Estatut que nos tiene que permitir avanzar nacionalmente. Es nuestra ley y nuestra voluntad». Teniendo en cuenta el contexto en el que se producen estas declaraciones, resulta imposible no considerarlas una presión -intolerable por otra parte- sobre el Constitucional para evitar lo que en este momento, de acuerdo con las posiciones de la mayoría de los magistrados, parece previsible: la rebaja del contenido soberanista del texto, empezando por la supresión del término «nación» que figura en el preámbulo del Estatut.
Es evidente que Montilla, antaño representante del sector menos nacionalista del PSC, ha ido cayendo con la furia del converso en la deriva de sus socios, ERC e ICV, haciendo frente común con los nacionalistas de CiU, a quienes un posible recorte del Estatut les ha puesto los dientes largos para pescar en aguas soberanistas y volver al Gobierno catalán. Todo ello ante el silencio cómplice de Zapatero, que -urgido por la necesidad que tiene de los votos de los diputados del PSC en el Congreso- hace oídos sordos a las amenazas -algunas veladas y otras no tanto- de desobedecer una hipotética sentencia del TC desfavorable a las tesis del tripartito.
Ayer mismo arreciaron los anuncios de desastres si se produce esta circunstancia. Artur Mas pidió al Gobierno catalán «un plan de acción inmediato» para lograr un concierto económico como el vasco, Joan Ridao (ERC) adelantó que «nada será igual» si hay una sentencia adversa al Estatut y Joan Herrera (ICV) dijo que si el texto no pasa la prueba de constitucionalidad hay que reformar la Constitución. Reiteradamente, tanto CiU como ERC han restado legitimidad al TC, llegando a pedir incluso que se inhiba de emitir una sentencia. Sin embargo, tanto la creación del tribunal catalán como las amenazas contra el TC -incompatibles con el respeto debido al Estado de Derecho- son posibles gracias a la propia irresponsabilidad del Tribunal que lleva más de tres años debatiendo el fallo. El doble de lo que los nacionalistas tardaron en redactar el Estatut.
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