Más allá de que estos tres presuntos se entendieran en sus chanchullos, era evidente desde hace muchos años que la sociovergencia había llegado al mundo económico aunque CiU y PSC se esquivaran en el político. Y que lo había hecho de la mano de una premisa que ya parece dogma de fe tanto en Cataluña como en el resto de España: el que manda tiene derecho a trincar. De hecho, en muchos casos manda para trincar.

Podría ser, en los casos de Prenafeta y Alavedra, que una vez acostumbrados a hacer y deshacer a su antojo en la Administración no hayan sabido acomodarse a la vida civil en la que tanto cuesta salir adelante. En cuanto a Muñoz, ese hombre que vive en el Turó Park pero gobierna en Santaco, el problema ha debido ser el que seguramente aqueja a todo el PSC en el cinturón rojo: uno se acostumbra a tener poder, a colocar a los hermanos, a decidir dónde se construyen los pisos. Y se acaba creyendo un dictadorcillo al que sólo cabe obedecer ('total, siempre nos acaban votando').

Es tan vergonzoso que el chalaneo se haya convertido en el objeto principal de tantas carreras políticas que los servidores públicos quizás deberían empezar a preocuparse por su condumio. No puede ser que tanto descaro quede impune; no puede ser que la oposición no se atreva ni abrir la boca para criticar los desmanes de los que gobiernan porque tenga miedo de que le recuerden los muertos que tiene en el armario. Los ciudadanos deben tomar conciencia de que de ellos depende mandarlos a todos a su casa. Y no es tan grave: cuando en Italia se descubrió que todos los partidos tradicionales chapoteaban en el fango de la corrupción y prácticamente desaparecieron, no pasó nada.

Mientras tanto, acabe como acabe la investigación de Garzón, es urgente que los políticos, si quieren recuperar algo de su credibilidad, empiecen a plantearse como una prioridad la lucha contra la desafección más funesta: la que ellos mismos generan.