El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa manifestó ayer ante el Comité de Derechos y Garantías del partido su disposición a «rectificar y explicarse mejor» para recuperar su condición de militante. Todo un cambio de actitud que, en modo alguno, le devolverá el cargo de secretario general, según fuentes de la dirección nacional, pero que tal vez, a medio o largo plazo, le permitiría volver a la militancia.

En el PP valenciano, por su parte, «se plantea» la posibilidad de reubicar a Costa en la Cámara autonómica para que ocupe un escaño más próximo a los de los miembros de la dirección de grupo «cuando se resuelva lo de su militancia»; una pretensión tendente quizá a suscitar la benevolencia de Madrid.

El diputado aguarda ahora a que el órgano disciplinario del PP, bien le devuelva el carné, bien le traslade un pliego con cargos. Sea cual sea la decisión final del Comité de Derechos y Garantías, fuentes próximas a Costa adelantaron ayer que «Ricardo asumirá lo que diga el partido».

Veinte días de destierro político -tras 20 años de activísima militancia- han sido más que suficientes para que el ex secretario general del PP valenciano y ex portavoz popular en la Cámara autonómica redujera a la categoría de «malentendido» lo que los medios vendieron como un pulso por entregas a Mariano Rajoy.

El caso Costa comenzó poco después de que el caso Gürtel colocara al PP contra las cuerdas de las grabaciones de la Brigada de Blanqueo, unas conversaciones en las que quedaba procazmente demostrada la estrecha relación que existía entre El Bigotes y algunos miembros de la plana mayor del PP valenciano.

El entonces número dos, señalado como chivo expiatorio, encadenó una sucesión de errores que lo convirtieron en víctima propiciatoria para que el PP saldara responsabilidades ante la opinión pública, y el pretexto que necesitaba Génova para impostar una pizca de autoridad ante los desafueros de sus barones.

En primer lugar, Costa se negó a dimitir y recordó a Génova que, si querían una cabeza, ahí tenían la del vicepresidente valenciano Vicente Rambla. Segundo, leyó un comunicado en el que afirmó haber actuado según los mandatos de sus direcciones regional y nacional, a las que retó a explicarse. Tercero, se enrocó en la secretaría general y se procuró, con la ayuda de Camps, el refrendo del Comité Regional de su partido en contra del criterio de la dirección en Madrid. Y cuarto, dos semanas después de haber sido suspendido sumarísimamente de sus funciones, osó pedir públicamente a Génova «como militante y como secretario general» que resolviera su situación.

El órdago se produjo el 29 de octubre hacia las 11.00 horas. Poco después, el Comité de Derechos y Garantías se reunía de urgencia y decretaba una suspensión de militancia de la que Costa se enteró por la prensa.

La dirección del PP se justificó de distintos modos: que si «amistades y comportamientos poco edificantes», que si no acató las directrices del partido, que si su comportamiento público no merecía el cargo, que si se arrogó un cargo del que estaba suspendido... La confusión llegó a tal punto que ayer mismo ni el propio Costa sabía con qué cargos se presentaba ante el Comité. Finalmente, según las fuentes consultadas, el expediente se ha reducido a la acusación de haberse arrogado un cargo del que había sido apartado.