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FIN DE LA IMPUNIDAD / El contexto
¿Pero no era culpa de la minifalda?
El fiscal general aseguró que las víctimas «no iban precisamente a la iglesia»
JACOBO G. GARCÍA. ESPECIAL PARA EL MUNDO

México

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Cuatrocientos ochenta mujeres desde 1993 a 2003. ¿Qué significa eso en la ciudad más peligrosa de México y más violentas del mundo? Sólo este año han muerto ya 114, en 2008 90 y así año tras año, en un goteo que no cesa y que deja una media de 16 víctimas diarias, hombres y mujeres. A esos números se han agarrado durante años los Gobiernos -tanto de Felipe Calderón como de Vicente Fox y Ernesto Zedillo- para negar que existiera el caso Muertas de Juárez. Clamoroso para todo el planeta, invisible para México.

Ésa es la excusa de la que se han servido las autoridades del estado de Chihuahua para evadirse y no explicar los centenares de mujeres que aparecen diariamente en descampados y basureros. Fue también el argumento utilizado por el nuevo fiscal general nombrado por Calderón, Arturo Chávez, hasta hace poco procurador de Chihuahua y responsable de la investigación de estas muertes. A todas ellas, Chávez recomendó «cursos de karate y usar un spray antiviolador».

Tanto a las vivas como a las muertas les explicó que esas cosas pasan porque, cuando fueron violadas, torturadas y asesinadas «no iban precisamente a la iglesia». Las chicas buenas «están en casa», dijo, mientras que para otro de sus colaboradores la culpa la tiene el «vestir con minifalda». Lo que no cuentan es que, hasta el momento, en Ciudad Juárez «no ha habido muchos criminales condenados y sí muchas autoridades condenables», como explica la columnista Denise Dresser. Fiscales como Chávez, que atribuyeron la muerte de las mujeres a la «doble vida» que llevaban y a la ropa «provocadora» que usaban. Peritos que por descuido dejaron huesos, pelo y ropa en el sitio donde fueron encontrados los últimos cuerpos. Policías que asesinaron «accidentalmente» al abogado defensor de uno de los acusados, cuya confesión había sido lograda con torturas. Investigadores que quemaron cientos de kilos de ropa de las víctimas, acumulados durante 10 años, o expertos que le hicieron pruebas de ADN al cadáver equivocado. Muchos errores que llevaron al Defensor del pueblo (CNDH) mexicano a emitir una recomendación en contra del ascenso del fiscal Chávez.

Omisiones, negligencias o simple pasotismo en la investigación que obligaron a una delegación de expertos enviados por Naciones Unidas a hablar de «horrores» y «abusos» asociados a su gestión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido la única que hasta el momento ha dejado hablar a las víctimas frente a un tribunal. Pero ningún abogado del estado de Chihuahua se atrevió a hacerse cargo de su defensa, porque correría el riesgo de morir, tal y como pasó con ocho letrados asesinados en 2008. Frente a las víctimas, unos 20 funcionarios defendieron el trabajo de las autoridades.

Sin embargo, en la sentencia no caben ambigüedades ni recursos y la condena al Estado mexicano es firme. ¿Pero la culpa no era de la minifalda?


300 maquilas, 1.500 muertos

>Ciudad Juárez, en el estado mexicano norteño de Chihuaha, es uno de los municipios más prósperos del país y el único que se acerca al pleno empleo. El Gobierno envió al Ejército para frenar la delincuencia que se ha cobrado la vida de 1.500 personas en 2009.

>En una localidad de 1,5 millones de habitantes hay 300 fábricas textiles o maquilas, industria que se creó para atender al mercado de EEUU. Este mercado sólo emplea a mujeres que emigran de todos los rincones del país.

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